por Constanza Vieira

BOGOTA, 15 dic (IPS) Las familias de políticos, policías y militares de Colombia en manos de las insurgentes FARC dicen no resistir más tiempo de espera por una decisión del gobierno a su pedido de canje humanitario de prisioneros, presentado con apoyo político local e internacional.

Los familiares de los rehenes aguardan la respuesta del gobierno a la propuesta presentada la semana pasada, tras desalojar la catedral de Bogotá y la principal iglesia católica de Cali, la capital del occidental departamento de Valle del Cauca, que habían tomado para presionar por un acuerdo de intercambio entre guerrilleros izquierdistas encarcelados y sus parientes.

Exigen en particular que el presidente derechista Alvaro Uribe conforme de inmediato una comisión con capacidad negociadora y de decisión que abra el camino para un acuerdo de intercambio de prisioneros con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

La desocupación de las dos iglesias llegó de la mano de una fórmula que, según pudo saber IPS, recomienda desligar totalmente de cualquier intención de reconciliación nacional el avance hacia un acuerdo humanitario entre las partes.

La propuesta, cuyo contenido no ha sido divulgado hasta ahora, también pide que el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, no debería participar de ese grupo negociador debido al carácter de su cargo. Indica, además, que el derecho internacional humanitario (DIH), ratificado por Colombia, es un marco amplio y suficiente para lograr el acuerdo y tiene máxima jerarquía legal.

Este grupo aboga por 37 efectivos del ejército y de la policía hechos prisionero en combates, algunos hace más de seis años, y por 21 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt raptada en febrero de 2002 y 12 diputados departamentales de Valle del Cauca secuestrados hace 20 meses por las FARC de la misma sede parlamentaria en el centro de Cali.

A ellos se suman tres estadounidenses que cayeron en poder de las FARC en febrero, cuando tripulaban un avión del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en misión de inteligencia en el marco del Plan Colombia, de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, que cuenta con especial asistencia de Washington..

Pero las FARC han reiterado en muchas oportunidades que prisioneros y rehenes sólo recuperarán la libertad si sale de la cárcel "la totalidad" de los guerrilleros. "Otras opciones son inviables e inaceptables", dijo el portavoz de las FARC, Raúl Reyes, en entrevista otorgada en noviembre a Kintto Lucas, de IPS.

A su vez, el gobierno de Uribe no acepta ni ésta ni otras condiciones de las guerrillas.

En la toma de la catedral realizada el martes de la semana pasada, en víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, se encontraban la madre de Betancourt, Yolanda Pulecio, de 63 años, Juan Carlos Lecompte, esposo de la ex candidata, y Marleny Orjuela, presidenta de Asfamipaz, asociación de familiares de militares y policías prisioneros de las FARC.

Estos familiares no están solos, pues los apoyan todos los ex presidentes vivos de Colombia, a excepción de Andrés Pastrana (1998-2002). También la Iglesia Católica, partidos políticos, sindicatos, académicos y movimientos de la sociedad civil.

Una comisión mediadora propuesta por las familias el mismo día de la toma incluyó una nutrida presencia diplomática, entre ellos los embajadores en Colombia Daniel Parfait, de Francia, Luis Ortiz Monasterio, de México, y Olaf Skoog , de Suecia, y también Michael Frühling, director en este país de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además participaron el ex presidente colombiano Alfonso López (1974-1978), el cardenal católico Pedro Rubiano, al ex canciller Augusto Ramírez, al periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, y Ana Teresa Bernal, activista humanitaria, entre otras personalidades.

Sólo cuando el cardenal Rubiano anunció que el presidente Uribe recibiría el mismo día 10 a una delegación de la comisión fue que los familiares decidieron desalojar las dos iglesias es día.

Uribe, quien adoptó desde su asunción en agosto de 2002 una línea dura para poner fin a la guerra civil de más de cuatro decenios, expresó inicialmente reservas a la propuesta central de la delegación, que es nombrar una comisión negociadora. El mandatario afirmó que eso "desmotiva a la tropa".

En concepto de Uribe, en Colombia no hay guerra ni conflicto armado interno, por consiguiente para él "no hay combatientes, sino terroristas". Ese planteamiento es la columna vertebral de la política de "seguridad democrática", que enarbola como bandera de su gobierno.

En Colombia, además de la toma de rehenes y de prisioneros de guerra, se secuestra por dinero. La Fundación País Libre atribuyó a los protagonistas de la guerra 60 por ciento de los 1.652 secuestros registrados entre enero y septiembre.

De esa porción, 55 por ciento fue atribuido a FARC, 29 por ciento al Ejército Nacional de Liberación (ELN), la segunda fuerza insurgente del país, y el resto a los paramilitares de derecha.

Estos secuestrados, por cuya libertad se cobran fortunas, no han sido mencionados nunca por las FARC como sujetos de negociación en el marco de un canje. "El Estado tiene disposición para la paz, pero sobre la base de que los terroristas dejen de secuestrar, liberen a los secuestrados y se desmovilicen", repitió Uribe.

Tras el tira y afloje entre familiares de secuestrados y el gobierno están los principios del DIH, que ampara a los prisioneros de guerra y su intercambio son una figura aceptada por la Convención de Ginebra que regula las guerras. La toma de rehenes civiles es una infracción al DIH, mientras el secuestro extorsivo es un delito común, independientemente de sus motivaciones, explican los expertos.

El 4 de diciembre, el embajador estadounidense en Bogotá, William Wood, anunció que su país aumentaba a cinco millones de dólares la recompensa por información efectiva para dar con los captores de sus conciudadanos.

En medio del secreto, unos 2.500 soldados colombianos y 49 militares y asesores de estados Unidos, se dedican hace 10 meses a buscar a los estadounidenses.

Mientras, la vida de quienes están en poder de las FARC corre peligro. Los centinelas de prisioneros, rehenes y secuestrados tienen orden de disparar en caso de que el ejército intente un rescate a la fuerza.

Precisamente, así encontraron la muerte el 5 de mayo el gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, su asesor de paz, el ex ministro de defensa Gilberto Echeverry, y 10 militares que se encontraban en manos de la guerrilla.

Desde su cautiverio y a través de un video grabado por la guerrilla, Betancourt terció en el debate que se desató a partir de la tragedia. "Rescate sí, definitivamente sí, por principio, pero no cualquier rescate. (...) Operaciones de rescate exitosas, porque de eso se trata", señaló en esa grabación.

Refiriéndose a los soldados y policías prisioneros de guerra, Betancourt añadió que "el canje es una obligación moral de un Estado democrático". En cuanto a los rehenes como ella, precisó que "los civiles no deben ser canjeados", y propuso a la guerrilla "liberación humanitaria, (...) independientemente del canje de soldados y de policías".

Marleny Orjuela y sus compañeras no quieren oír hablar de rescates a la fuerza. Quieren definiciones ya. "Es el tiempo el que los está matando", dijo. Relató que en los años de cautiverio de los uniformados murieron abuelos, padres, madres, incluso hijos, y nacieron bebés cuyos progenitores sólo conocen en fotografías.

La otra cara de la moneda son las cárceles. Con cerca de un tercio de hacinamiento, allí la guerra sólo cambia de escenario y se torna más peligrosa.

Centenares de guerrilleros comparten prisión con decenas de sus enemigos acérrimos, los paramilitares. Según dijo a IPS un ex combatiente que pasó seis años cumpliendo condena, en la cárcel "todo el mundo está armado".

En 2000, en la cárcel Modelo, de Bogotá, estalló un combate de tres días, que dejó el saldo de 47 reclusos muertos y 17 heridos. Los atacantes paramilitares portaban, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "armas de largo alcance". Los detenidos políticos fueron objeto de medidas cautelares de parte de ese organismo continental pocos días después.

El líder histórico de las FARC, Manuel Marulanda, hace un lustro tomó en sus manos la propuesta de canje. En sus comunicaciones sobre el tema pone de presente la angustia de los familiares de ambos bandos. Este año nombró una comisión de tres jefes guerrilleros para negociar el canje con el gobierno y pidió que Uribe dé un paso similar.

La FARC hicieron entregas parciales de prisioneros de guerra a los anteriores gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998) y de Pastrana.

Samper despejó militarmente 13 mil kilómetros cuadrados para permitir la entrega de 70 soldados y Pastrana obtuvo de las FARC la entrega de 297 uniformados a cambio de la libertad de 14 guerrilleros.

Bajo el gobierno Uribe, entre quienes han rodeado la campaña por el intercambio hay optimistas y escépticos. Los primeros esperan para esta semana una reacción presidencial que atienda las propuestas de la comisión, mantenidas hasta ahora en el sigilo.

Sin embargo, Jairo Ramírez, director del Comité por los Derechos Humanos, no se hace ilusiones. "No va a haber ninguna posibilidad durante este gobierno", indicó a IPS, "porque significaría la quiebra de su política de ´seguridad democrática´".

En nombre de las familias, Orjuela repitió estos días que Asfamipaz continuará con las acciones de hecho.

"El dolor y la angustia nos están llevando a este tipo de actos", dijo Fabiola Perdomo, vocera de las familias de los diputados de Cali. "Si el gobierno no le da una salida a esta situación, estos hechos se van a seguir repitiendo en todo el país", advirtió. (FIN/IPS/03)